El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa salieron de dos prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel recién revocada mientras se les investiga por los supuestos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.
Las investigaciones comenzaron hace casi tres años, pero aún no han sido acusados.
"Lo que no nos mata, nos hace más fuertes", dijo Humala a un pequeño grupo de militantes en el local de su partido, adonde llegó tras abandonar la cárcel para presidentes en la que estuvo preso 290 días. "Los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar una etapa de martirologio; es la única manera de poder trascender".
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Tras su excarcelación saludó a las cámaras de la televisión después de salir por el techo panorámico de la camioneta que lo trasladaba. Su mujer también fue liberada de la cárcel de mujeres de Lima en medio de decenas de camarógrafos, y antes de irse saludó con la mano izquierda.
Más tarde, ya junto a su mujer en la puerta de su casa, Humala dijo que no eran investigados por corrupción durante su gobierno (2011-2016), sino por nuestro origen, en referencia al dinero que habrían recibido del exterior antes de que él comenzara a gobernar.
El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretó el juez Richard Concepción en julio de 2017, quien había argumentado que existía peligro de que se dieran a la fuga. La máxima corte constitucional del país aclaró que no analizó el "tema de fondo" y que ambos seguirán bajo investigación con libertad restringida.
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La fiscalía afirma que la pareja recibió dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero. Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró que entregó tres millones de dólares a Humala por orden del brasileño Partido de los Trabajadores, algo que el exmandatario rechaza.
La decisión constitucional podría ser usada por otros expresidentes que gobernaron Perú entre 2001 y principios de 2018 para evitar ir a prisión provisional, entre ellos Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). A los tres se les investiga por sus presuntos nexos con Odebrecht.
En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.
En 2016 Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas en Perú desde 2001. El escándalo de la empresa se extiende por diversas naciones latinoamericanas, donde operaba de igual forma.
